sábado , 24 julio 2021

González Ramos: «La calidad y la dignidad del sector, deben ser los valores que exporten nuestros productos agropecuarios como marca España»

  • Los datos de la Inspección de Trabajo demuestran que existe una clara voluntad por parte de los agricultores de hacer las cosas bien.
  • El portavoz del GPS en la Comisión de Agricultura, Manuel González Ramos, manifiesta su satisfacción ante la Cámara por el acuerdo entre la UE y Estados Unidos para la suspensión de aranceles durante cinco años y que afecta a productos tan importantes de nuestra agricultura como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, cítricos y queso, entre otros muchos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Agricultura, el albaceteño, Manuel González Ramos, afirmó ayer en el Congreso, con motivo de la presentación de una Proposición No de Ley relativa a la actividad de la Inspección de Trabajo en el sector primario que “cualquier producto agroalimentario debe exportar, no solo la calidad de la marca España, sino también la dignidad y la legalidad, como valores de responsabilidad social de nuestro sector agroalimentario, contribuyendo a la reputación de nuestros productos y de nuestro país”.

“La marca España en general, y en particular, la referida a la gran calidad de nuestros productos agroalimentarios –añadió- marca la diferencia con la competencia internacional”

El diputado socialista aseguró desde la tribuna de oradores que “el respeto a los derechos de los trabajadores también es, debe ser y será, una marca distintiva de nuestra agricultura. Es el compromiso de este Gobierno, con la justicia, con la igualdad y con la solidaridad, para avanzar hacia un mercado laboral eficiente y justo que destierre prácticas del pasado”.

Ramos explicó que el sector agroalimentario español ha aumentado las exportaciones en el último año, por un valor de 57.400 millones de euros, lo que supone un incremento de alrededor de un 5% y recordó que España es el cuarto exportador de la Unión Europea y octavo del mundo.

A este respecto manifestó su satisfacción ante la Cámara por el reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, para la suspensión de los aranceles agrarios por cinco años y que afecta a productos tan importantes de nuestra agricultura como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, cítricos y queso, entre otros muchos.

Respecto al contenido de la propia PNL el diputado socialista señaló que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, desde hace muchos años, tiene entre sus objetivos luchar contra la precariedad laboral y el trabajo irregular de ciudadanos extranjeros, intensificado en los últimos años.

Ramos indicó que el objeto de las actuaciones es la detección, tanto de posibles infracciones administrativas en el orden social como posibles conductas constitutivas de delito contra los derechos de los trabajadores, como así se contempla en la redacción del nuevo Plan Estratégico 2021-2023 elaborado por el Gobierno con el fin de adaptar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) a las necesidades del mercado de trabajo actuales.

El portavoz del GPS en la Comisión de Agricultura afirmó que los datos de la propia actividad inspectora confirman que las prácticas irregulares en el sector primario son minoritarias en materia laboral, lo que demuestra que existe un clara voluntad por parte de los agricultores por hacer las cosas bien, aunque reconoció que los pocos casos que se registran tienen un efecto muy negativo para el sector.

En este sentido señaló que los incumplimientos hay que perseguirlos por varios motivos: por el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a la protección de los derechos de los trabajadores, por el imperativo ético y político que exige un estado de Derecho para salvaguardar la dignidad de las personas frente a agresiones, abusos y discriminaciones en el mundo laboral, y por la exigencia de la propia normativa en materia de Seguridad Social.

«Además –subrayó- existe otro motivo muy importante para perseguir estas infracciones, y es la protección del propio agricultor, del propio empresario, ya que los incumplimientos provocan una competencia desleal en el sector y una imagen negativa en el entorno de la contratación de las campañas agrícolas que perjudica la reputación de los agricultores».

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