sábado , 24 julio 2021

González Ramos estudia con las organizaciones agrarias la reforma de las medidas para la mejora de la cadena alimentaria

  • El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso reitera la voluntad del Gobierno de aprobar la ley lo antes posible y con el máximo consenso
  • Las organizaciones agrarias expusieron sus propuestas para mejorar el texto que se encuentra en su fase de estudio y análisis

El Portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Manuel González Ramos, mantuvo el pasado martes una sesión de trabajo con las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA mediante el sistema de video conferencia, en el que se abordó la reforma del Proyecto de Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario.

Las organizaciones agrarias expusieron sus propuestas para mejorar el texto que se encuentra en su fase de estudio y análisis.

El diputado socialista reiteró la voluntad del Gobierno para que la reforma entre en vigor el próximo 1 de noviembre de 2021, con tiempo suficiente para que los contratos alimentarios en vigor puedan adaptarse antes del 1 de mayo de 2022 a una normativa que contempla, fundamentalmente,  ampliar su ámbito de aplicación, generalizar los contratos por escrito, prohibir nuevas prácticas comerciales desleales y actualizar las infracciones y sanciones, con el objetivo principal de proteger al eslabón más débil de la cadena alimentaria como son los agricultores y ganaderos.

El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista recordó en el transcurso de la reunión que la reforma se encuentra en la fase de ponencia, por tanto, en una fase de estudio, análisis y debate de las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, que superan las 300 y que la intención del Gobierno, es aprobarla con el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas en beneficio del sector.

Ramos avanzó que existe un consenso generalizado sobre la inclusión por parte del MAPA de un registro de los contratos y sobre la necesidad de regular el régimen de contratación para acabar con las prácticas comerciales abusivas, que se prevé con la transposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales.

 

 

 

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