El senador  del PSOE por Albacete, Manuel Miranda, destaca que el Informe apuesta por vehículos cero emisiones en 2040, por el establecimiento de zonas de bajas emisiones en las ciudades o por abordar una reforma fiscal verde

La mayoría de los grupos suscriben los objetivos de descarbonización del Gobierno, así como las políticas en materia de energía, movilidad y medio ambiente que está llevando a cabo para alcanzarlos

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara, la ponencia de estudio sobre ‘Los Retos de una Transición Energética Sostenible’ en la que la práctica totalidad de los grupos suscriben los objetivos de descarbonización del Gobierno, así como las políticas en materia de energía, movilidad y medio ambiente que está desarrollando para alcanzarlos.

Todos los grupos han votado sí al informe, salvo los tres senadores de VOX, que han votado en contra, y los dos senadores que suma Teruel Existe y otros dos de Ciudadanos, que se han abstenido.

La ponencia, que nació a raíz de una moción del Grupo Parlamentario Socialista y ha escuchado a 32 expertos desde 2020, reconoce que nos encontramos en una situación de emergencia climática provocada por la actividad humana, ante la que solo cabe “una transición energética urgente e irreversible”. Y concluye que dicha transformación hacia un desarrollo libre de emisiones debe convertirse en una oportunidad de país para impulsar y modernizar la economía española, así como para generar empleo y alternativas para el medio rural.

Para el portavoz socialista de Energía y senador por Albacete, Manuel Miranda, el texto “supone un respaldo a las políticas de energía, medio ambiente y movilidad del Gobierno, y coincide en sus objetivos de descarbonización y en que es imprescindible avanzar en esa dirección”.

En esa línea, la ponencia asume el objetivo español de alcanzar la neutralidad climática en 2050, lo que equivale a reducir un 90% las emisiones respecto a 1990.

Descarbonización del transporte

En lo referente al transporte, la ponencia sostiene que “es muy urgente avanzar en la descarbonización del transporte terrestre” y que, teniendo en cuenta que el que se hace por carretera es el que más contribuye a las emisiones de CO2 (90% del total de este sector), “hay que apostar por una rápida transición del sector automovilístico, transformando la potente industria española para la producción de vehículos eléctricos e incentivando la adquisición y el uso de dichos vehículos mediante distintos programas de ayudas, tal y como se está haciendo”.

El texto recuerda que la Ley de Cambio Climático establece que no más tarde de 2040 los turismos y vehículos comerciales ligeros tienen que ser de cero emisiones, y que hay que trabajar en alternativas para descarbonizar el transporte pesado por carretera, incluyendo la transferencia modal hacia el ferrocarril y las soluciones intermodales.

Asimismo, aboga por “desarrollar tecnologías de movilidad basadas en combustibles alternativos (gas renovable, hidrógeno renovable o biocombustibles) que favorezcan la transición energética en el transporte cuando no sea factible electrificar”, al tiempo que contempla que “los biocombustibles neutros en carbono deben jugar un papel mayor e impulsar su desarrollo como solución en el transporte pesado o marítimo, o como alternativa para la reducción de emisiones en el terrestre”.

Respecto al gas, la ponencia asevera que “habrá una paulatina sustitución del gas natural por gases renovables, llegando en el año 2050 a la completa descarbonización del gas”.

Además, indica que en el ámbito urbano “se debe trabajar en fomentar la movilidad sostenible en las ciudades, con cero emisiones”, tal y como se propone en la Ley de Cambio Climático, con el establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes.

En cuanto a la aviación, apunta a tres ejes de actuación: la renovación de la flota y la mejora de operaciones, la inversión en combustibles sostenibles y la compensación de emisiones. Mientras que sobre el vehículo eléctrico considera “necesario mejorar la coordinación entre administraciones y aligerar el procedimiento administrativo relacionado con la implantación de los puntos de recarga”.

El consumidor, en el centro

“La ponencia incide también en situar al consumidor en el centro, en empoderarlo apostando por el despliegue del autoconsumo, por empresas más sostenibles, o por figuras como las comunidades ciudadanas de energía o de renovables”, ha subrayado el senador socialista.

El documento aprobado por el Pleno “no es coyuntural, sino estructural.  Habla de un cambio de modelo, de una transición, de un camino que hay que recorrer obligatoriamente y que este Gobierno ha empezado a andar cómo única forma de que las generaciones venideras puedan vivir en un planeta como el que hemos vivido nosotros”, ha señalado Miranda.

Reforma fiscal verde

El estudio del Senado también indica que hay que abordar una reforma fiscal verde para incentivar que consumidores y productores evolucionen hacia comportamientos más sostenibles, y que, para el desarrollo de la misma “hay que revisar la aplicación de beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil”.

Despliegue renovable

La ponencia concluye que España debe apostar por el despliegue masivo de renovables para avanzar hacia la soberanía energética; invertir en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía y en redes inteligentes y digitalizadas; dar certidumbre a las inversiones en tecnologías bajas en emisiones con un marco jurídico estable; y aumentar la capacidad de interconexión para evacuar la energía renovable excedente.

Igualmente, hace hincapié en que el despliegue de las renovables “debe continuar conciliando la ubicación de dichas infraestructuras con el territorio en cuestión, limitando al máximo sus impactos, no ubicando proyectos que causen afecciones graves o significativas, y sometiéndolos a un proceso de evaluación de impacto ambiental riguroso y objetivo” y sostiene que “en el medio rural, donde se instalen este tipo de proyectos, se deben primar aquellos que aporten más riqueza y empleo en la zona”.

Formar para los nuevos empleos

El informe del Senado concluye que “hay que adaptar los currículos, formar, sensibilizar y recualificar a las personas trabajadoras” en puestos relacionados con la transición energética, así como apoyar centros de investigación e iniciativas públicas y privadas de todo el Estado para impulsar la investigación, desarrollo e innovación en áreas relacionadas con esta materia. “Paralelamente al proceso de transición, hay que trabajar en una estrategia de desarrollo tecnológico industrial que permita aprovechar el proceso como una palanca, generando cadena de valor e identificando nuevos modelos de negocio para las empresas”.

Además, destaca la necesidad de utilizar la contratación pública y los fondos europeos como elemento tractor de esta transición.