Las normas regulan, entre otras muchas funciones, la colaboración y apoyo de estos profesionales en la búsqueda de personas desaparecidas y en contingencias que se produzcan en el medio natural

Los senadores socialistas por Albacete votaron a favor del contenido de ambos documentos «que son el resultado de un compromiso adquirido en nuestro programa electoral», destacó Amparo Torres

Tras recibir la aprobación definitiva en el Senado, el Boletín Oficial del Estado publicó este sábado tanto la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales como la Ley Básica de Bomberos Forestales, unas normas impulsadas por el Gobierno de España que -entre otras muchas funciones- regulan la posible colaboración de los agentes en la búsqueda de personas desaparecidas en el medio natural y el apoyo de los bomberos en contingencias que se produzcan en el medio rural.

Se trata a juicio de Amparo Torres, senadora por Albacete, del resultado de un “compromiso que asumimos en nuestro programa electoral, y que logra por fin que estos colectivos dispongan de un marco jurídico que asegure y regule no sólo sus múltiples funciones, sino unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el país”. Torres destacó que estas leyes ofrecerán “un máximo de dignidad” a agentes y bomberos forestales en el desempeño de labores “que son cada día más necesarias en la protección de nuestro medio ambiente en un contexto de cambio climático que, lamentablemente y como hemos podido comprobar esta misma semana, está provocando catástrofes de enorme magnitud”. “Y queda claro que, en estos casos, todos los efectivos que puedan incorporarse a esas tareas son de vital importancia”, subrayó la senadora, para quien ambos colectivos “desempeñan una labor innegable en la defensa y protección del medio natural”. “Cada año la temporada de incendios se prolonga y la virulencia de estos es mayor, y las tormentas son más fuertes y devastadoras debido a la emergencia climática”, añadió, por lo que “es necesario estar preparados los 365 días del año”.

Ley de Agentes Forestales y Medioambientales
Respecto a la Ley de Agentes Forestales y Medioambientales, cuyo impulso fue anunciado en 2022 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone una herramienta legislativa para ofrecer garantías de preservación y conservación de nuestra gran riqueza natural y proporcionar garantías para el adecuado desempeño de las funciones de los agentes. Algo especialmente importante en provincias como la de Albacete, donde los agentes tendrán capacidad de ofrecer funciones técnicas de apoyo a la gestión en materia forestal, medioambiental, de vigilancia, protección, inspección y colaboración en la gestión de los espacios naturales protegidos, fauna, flora, caza, pesca, plagas y enfermedades, del dominio público y del paisaje. También funciones relacionadas con incendios forestales, en el control de animales peligrosos o dañinos y protección de los animales domésticos, o en la protección del patrimonio histórico, cultural y geológico; urbanismo y usos del suelo, todo ello en entornos rurales.

En este sentido, la norma apuntala para los agentes forestales y medioambientales el carácter de funcionarios, agentes de la autoridad, policía judicial en sentido genérico, actuando en auxilio de jueces, tribunales de justicia y ministerio fiscal y policía administrativa especial.

Bomberos forestales.
En el caso de los bomberos forestales, la norma regula con carácter básico las condiciones en las que los más de 20.000 profesionales que prestan un servicio esencial y de interés social en nuestro país llevan a cabo su trabajo y lo hace con independencia de la naturaleza jurídico-laboral concreta que cada caso ostente.

Esta Ley desarrolla aspectos tan importantes para estos profesionales como la prestación del servicio de extinción de incendios forestales, sus funciones, la clasificación profesional, su formación, la salud laboral y prevención de riesgos laborales, derechos específicos, la jornada de trabajo, el mantenimiento de plantillas en caso de sucesión empresarial, la igualdad de género, los coeficientes reductores de jubilación, la segunda actividad o la acreditación de competencias.

Entre las funciones recogidas, destacan aquellas que van más allá de la propia extinción como pueden ser la prevención, detección, vigilancia, labores de información a la población, prevención de riesgos laborales y defensa jurídica del colectivo.